La independencia del poder judicial es un bien del que disfrutan los ciudadanos en un Estado Democrático y de Derecho. El sometimiento de todos al imperio de la ley, que también obliga a los poderes públicos, es garantía frente a la actuación de los poderes ejecutivos y legislativo. Por esta razón, el poder judicial no puede actuar de manera caprichosa y arbitraria. Si el juez García Castellón, en el ejercicio de sus competencias, pide al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Puigdemont, a Rovira y a otras diez personas imputadas por el caso Tsunami democràtic no es porque quiera boicotear los pactos de investidura entre el PSOE y Junts. Un juez solo puede actuar, como García Castellón argumenta, cuando existen indicios fundados y serios. Ni las sospechas ni las conjeturas son suficientes. Y en el caso que García Castellón investiga se trató de una planificación efectuada para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia y para comprometer la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España. De hecho, alega el juez, aún en el caso de que los hechos que se les imputaran fueran los de desórdenes públicos, como argumenta las Fiscalía, seguirían siendo delitos.

Dejar trabajar a los jueces es una garantía de salud institucional. Desacreditar las reglas de juego y sembrar de sospechas la actuación de la Justicia es de extrema gravedad, especialmente cuando es el poder político el que se atreve a reclamar su impunidad.