Diversas movilizaciones muestran estos días un amplio rechazo social a la Ley Celaá, tras su aprobación por parte de un Congreso literalmente dividido en dos mitades. La futura ley, la octava de la democracia, nacerá con fecha de caducidad y se enfrentará a una seria oposición en muchas aulas y gobiernos autonómicos que, en la práctica, convertirán partes de su articulado en papel mojado.

Todo lo contrario de lo que debería ser una ley de enseñanza en una democracia seria, al faltar los imprescindibles consensos políticos y sociales. Llama la atención la complacencia del gobierno con los nacionalismos, en contraste con la hostilidad que destila la ley hacia la escuela concertada.

Por esa razón los obispos no han dudado en apoyar las acciones de protesta de las familias y de la comunidad educativa católica, ninguneada durante la tramitación, a pesar de algunos gestos iniciales que parecían indicar voluntad por parte del Ministerio de alcanzar un amplio acuerdo. Hubiera sido la forma deseable de afrontar retos comunes como la necesidad de una mayor inclusión educativa, la disminución del fracaso escolar o la atención a la diversidad cultural y la crisis ecológica.

Al final, sin embargo, se ha impuesto una visión jacobina que, en contra de la tradición educativa en España, confunde lo público con lo estatal. Con lo cual esta ley no solo es una nueva oportunidad perdida, sino que provocará serios estropicios hasta su derogación. Que llegará más pronto que tarde.