Línea editorial COPE: Nueva ley, nueva controversia

Después de varios meses de negociación con los partidos que sostienen al Gobierno, la controvertida Ley de la Vivienda se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados. La nueva norma viene precedida por los repetidos anuncios del presidente del Gobierno de poner a disposición pública hasta 113.000 viviendas sociales que, en su mayor parte, ni siquiera existen. Al margen de la consistencia de esta promesa, que necesitará años para cumplirse, la Ley que quiere imponer Sánchez incluso con amenazas a la oposición, invade las competencias de las comunidades autónomas y desprotege el derecho a la propiedad privada.

Lo que más recelo suscita es la protección implícita que ofrece a los ocupantes ilegales de viviendas particulares al exigirse a los propietarios una serie de requisitos burocráticos para proceder a su desahucio con trámites complejos que pueden durar años. No hay duda de que la sociedad es consciente del drama social de falta de viviendas. Lo que resulta difícil de asimilar es que al Gobierno le haya entrado ahora la prisa por motivos electorales, sin haber hecho nada a lo largo de los cinco años que lleva, mientras España necesita un mínimo de 120.000 viviendas nuevas al año para cubrir los niveles actuales de demanda. Bien distinto sería el panorama si el Gobierno hubiese abordado el problema en el marco de un pacto de Estado que implicara a todos los partidos y agentes sociales. Ahora se quiere remediar con prisas y a lo loco, con una ley a la que ya se ven efectos indeseables, como ha ocurrido con la ley del "si es si", con subidas de precios y escasez de oferta de viviendas, según las previsiones de los analistas del sector.