El escándalo de la compra de votos detectado en la ciudad autónoma de Melilla ha venido a revelar una práctica que se remonta a muchos años atrás, según declaraciones que ya deben figurar en el sumario, por ahora secreto.

Lo que ha ocurrido este año es que esa práctica fraudulenta ha llegado a tales niveles que ha provocado la intervención de la Justicia después de algunos robos en furgonetas de Correos.

Lo más sorprendente es que, hasta ayer mismo, esos votos comprados por entre 50 y 200 euros, podían depositarse en las oficinas postales sin necesidad de presentar el DNI.

Una pregunta obligada es a qué partidos iban dirigidos esos votos. Uno de los detenidos por la policía es yerno del líder del partido promarroquí Coalición por Melilla, actual aliado del PSOE y que firmó un pacto con partidos como Más País, Compromís y Chunta Aragonesista. A estas horas se espera también una reacción de estos partidos.

Por otra parte, la revelación de que los servicios de inteligencia han detectado viajes a Marruecos de líderes de la trama, previos a la compra de votos, nos asoma a un problema de seguridad nacional.

El ministro del Interior, Grande Marlaska, cree que el intento de fraude ha podido ser controlado. Esperemos que sea así por la obligada transparencia que debe tener todo proceso electoral. En todo caso, es el momento de reparar los fallos del sistema con una reforma de ley que debería realizarse con el máximo consenso posible.