Acaba la legislatura presidida por Pedro Sánchez, pero lo que no se han acabado son los efectos de las leyes perniciosas aprobadas en su mandato. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha despejado todas las dudas sobre si las Audiencias Provinciales estaban actuando correctamente al aplicar rebajas a los condenados por agresión sexual como consecuencia de la ley “del sí es sí”.

Es cierto que la ley está ya corregida, pero lo que dice la resolución del Supremo, que sienta jurisprudencia, es que las reducciones que se han producido en el tiempo en el que estaba en vigor la norma son conformes a derecho, y que los jueces, lejos de ser unos machistas como les calificaba la ministra Irene Montero, estaban actuando de acuerdo con la ley.

El Supremo también deja en evidencia la tesis de la fiscalía de que se estaba aplicando mal la ley.

La ley “del sí es sí”, producto de la factoría de Podemos en el Gobierno, ha creado tal daño jurídico y tal alarma social que difícilmente pasará al olvido. Sobre todo, porque uno de cada tres agresores sexuales condenados en nuestro país se ha visto ya beneficiado por ella. 1.079 condenados han resultado agraciados con menos tiempo de prisión, y 108 han salido a la calle.

Esta ley que supuestamente pretendía defender a las mujeres ha acabado amparando y beneficiando a los delincuentes.

Lo que ha pasado es consecuencia de un gobierno preso de sus obsesiones ideológicas que ha despreciado a los ciudadanos y a las instituciones que advirtieron oportunamente del daño. No va a ser tan fácil pasar página de uno de los capítulos más patéticos de la firma Frankenstein.