La fundación Foessa, vinculada a Cáritas, ha presentado el primer Informe sobre los efectos que la crisis de la Covid-19 ha provocado en la sociedad española. Las cifras hablan por sí solas: 2 millones de hogares viven en situación de precariedad, 600 mil familias carecen de ingresos periódicos, más de 2 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años viven en exclusión social intensa, y las familias inmigrantes sufren tres veces más la exclusión social. Y todo esto en un país en el que las desigualdades entre la población con más y menos ingresos ha crecido un 25%.

Las condiciones de trabajo han empeorado, lo que se manifiesta en salarios que no permiten sostener unas condiciones de vida dignas, en jornadas de trabajo reducidas y en tasas desorbitadas de desempleo. A la falta de estabilidad económica se suma la frustración de no poder realizarse personalmente a través del trabajo.

La pobreza socioeconómica genera conflictos familiares, provoca exclusión social, compromete la cohesión y amenaza la estabilidad. El diagnóstico es preocupante y los desafíos y retos son enormes. Reforzar las prestaciones sociales y los servicios públicos es un deber de justicia, como lo es generar las condiciones que activen la creación de empleo, reducir la brecha educativa o facilitar el acceso a la vivienda. Y tan importantes y urgentes como estos son generar redes comunitarias de apoyo y fortalecer la acción comprometida de la sociedad civil. Velar por la cohesión social es deber del Estado, pero también lo es de una sociedad consciente de sus deberes.