El debate en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España, aunque no tenga efectos prácticos inmediatos, servirá para que los organismos competentes de la Unión Europea tomen buena nota de las consecuencias que tiene la Ley de Amnistía como parte de un proceso de mutación constitucional. Habrá que seguir de cerca las consecuencias de la intervención del Comisario de Justicia por lo que se pueda deducir de futuras actuaciones. Todo esto al margen del cauce de los recursos que previsiblemente se presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión.

La unanimidad con la que los agentes de la justicia se han opuesto a la ley de Amnistía ha tomado forma en Europa a través de una serie de intervenciones parlamentarias que reclaman la ayuda de Europa para frenar un proceso en el que quiebra la separación de poderes, lo que pone en riesgo la base misma del ejercicio de la democracia. También está en cuestión el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La posibilidad de que el parlamento español ponga en marcha comisiones que fiscalicen a los jueces, lo que se ha llamado “lawfare” o politización de la justica, tiene una enorme gravedad. Como ha quedado patente ayer en Estrasburgo, no estamos ante una mera cuestión interna de España. Desestabilizar a un país miembro de la Unión Europea significa desestabilizar a toda la Unión, que se ha mostrado sensible hacia las derivas de países como Polonia y Hungría en el pasado inmediato. Esperemos que ahora esté igual de atenta a lo que está ocurriendo en España.