Libertad para elegir la educación de los hijos

La Comunidad de Madrid mantendrá el concierto a los colegios de educación diferenciada, tratando así de neutralizar uno de los efectos de la conocida como Ley Celáa, avalada por la vía rápida por el Tribunal Constitucional. La decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso responde a la defensa de derechos fundamentales que forman parte del nervio central de nuestra Constitución, que en su artículo 27.3 establece que los poderes públicos son garantes de un derecho que es de los padres, a los que corresponde, en último término, velar por la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Buena parte de la hoja de ruta ideológica del Gobierno se ha centrado aquí. La propia Isabel Celaá lo vino a reconocer cuando afirmó que “los hijos no son propiedad de los padres”: no hacía falta decir esa obviedad, lo que reconoce la Constitución es que los padres son los primeros responsables de su educación, no el Estado.

Ahora, ya en contexto preelectoral, la que llaman despectivamente “educación segregada” vuelve a ser objeto de controversia ideológica. De poco ha servido recordar al Gobierno el derecho fundamental que asiste a los padres, así como el hecho de que este tipo de educación (que siempre será objeto de libre elección) goza de reconocido prestigio en numerosos países. Ayuso sabe que el tema de la libertad de educación conecta con un sentir muy profundo de buena parte de la sociedad madrileña. La pregunta es qué se esconde tras la antipatía del gobierno de coalición hacia la libertad de los padres en este asunto trascendental.