El Gobierno ha dejado claro que una de las prioridades de su hoja de ruta ideológica es la educación. Una cosa son las buenas palabras sobre los consensos necesarios, la deseable unidad y el horizonte del Pacto Educativo, y otra muy distinta son los hechos. La LOMBCE, conocida ya como la Ley Celáa, ha comenzado herida de muerte, con la crítica casi unánime de la comunidad educativa, y con el agravante de que se haya puesto en marcha durante el Estado de Alarma, con un Parlamento que el Gobierno ha mantenido a conciencia bajo mínimos. Si nada lo remedia en los trámites que quedan por delante, y la Ley ve la luz a finales de año, tendremos sobre la mesa la enésima ley de educación de la democracia y la enésima oportunidad perdida.

Entre las muchas voces que se han levantado, la de los obispos españoles ha tratado de introducir sentido común en el debate. Necesitamos dar a los padres el protagonismo que les corresponde en la educación de sus hijos, como ha afirmado el Cardenal Omella. Si, como ha denunciado el Cardenal Cañizares, termina siendo el Estado el que trata de educarles, tendremos delante un problema grave que acabará por afectar a nuestras libertades fundamentales.Transitar por caminos que ya han demostrado su ineficacia, fruto de su visión alicorta del mundo, es repetir errores pasados. Necesitamos más bien, como ha apuntado el Cardenal Osoro, una ley que sitúe a la persona en un lugar central, que busque siempre el bien común y que no cierre ninguna de las dimensiones esenciales que tiene el ser humano.