Hoy se ha votado la nueva Ley de Educación y la ministra ha confesado, pocas horas antes de su aprobación, que su felicidad derivaba del hecho de que después de siete años va a poder desterrarse la LOMCE. Dicho de otro modo, a Isabel Celáa le alegra que por fin haya en España una Ley de Educación distinta a la que se aprobó estando el PP en el Gobierno.

Por eso, entre otras cosas, sus palabras no son creíbles cuando lamenta que no "haya habido más consenso". No lo ha habido porque el Gobierno no ha tenido ningún interés en que el principal partido de la oposición fuera escuchado o que lo fueran los actores directamente implicados en la tarea educativa.

El Gobierno ha elaborado una Ley a medida de sus socios de investidura y en defensa de un modelo educativo en el que la libertad de enseñanza es considerada un residuo o, como mucho, algo a tolerar. Lejos de buscar acuerdos transversales, perseguir la excelencia y trabajar en un marco que desarrolle los principios y valores constitucionales, el Gobierno usa la Educación como arma arrojadiza. No hay más que reproducir algunas de las escenas que hoy se han vivido en el Congreso.

Mal vamos cuando el éxito del Gobierno y de sus socios es "acabar con la Ley Wert" para diseñar una Ley que nace muerta. Pero al PSOE de Sánchez, cuya obsesión es mantenerse en el poder y excluir a la mitad de la sociedad, poco o nada le importa.