Las rentas mínimas son paliativos, no soluciones

Con su propuesta de una renta mínima estatal, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha puesto sobre la mesa un debate que va más allá de la pregunta que le planteó el gobierno Rajoy sobre la Iniciativa Popular impulsada por los sindicatos a la vista del alto porcentaje de parados que han agotado sus prestaciones. Apenas un 20 % reciben hoy una prestación contributiva, lo que muestra que el sistema español de protección por desempleo está obsoleto. Pero ni siquiera un trabajo es ya garantía frente a la exclusión social. De ahí que la renta mínima de 426 euros que propone la AIReF, al margen de la situación laboral, se aproxime más a lo que defiende desde hace años Cáritas.

Con un coste menor que la propuesta de los sindicatos, la medida situaría la pobreza severa de España en la media comunitaria y armonizaría las prestaciones autonómicas. Nada que objetar en ese aspecto. El inconveniente es que medidas así esquivan debates de fondo mucho más complejos sobre la precarización laboral, la brecha entre ricos y pobres o la automatización de empleos. Es decir, sobre la pérdida de capacidad redistributiva del estado. No se trata de negar, a priori, que las rentas mínimas reforzadas, o incluso una renta básica universal, puedan ser útiles en ciertos casos, pero conviene ser cautos.