Oriol Junqueras fue condenado por sedición y malversación a 13 años de privación de libertad y esa pena le impide ejercer la representación política en el Parlamento Europeo. Junqueras no puede ser eurodiputado. El Tribunal Supremo lo deja claro: no hay inmunidad retroactiva. La condena es firme y no procede tramitar suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

Esto, que algunos llaman judicialización de la política, no es más que el pronunciamiento conforme a Derecho que un Tribunal de Justicia hace desde el respeto a las garantías del encausado y de acuerdo a la ley. Junqueras y su partido creyeron poder sacar ventaja de una resolución del Tribunal de Justicia Europeo, pero ahora el Supremo ha clarificado la situación.

Una vez conocida su resolución, las fuerzas políticas no tienen derecho a leer en clave política la acción de la Justicia. La resolución del Supremo no es a favor de unos partidos ni contra otros. Esta mecánica es perversa y no solo contamina el valor del imperio de la ley, sino que deslegitima a las instituciones del Estado y confunde a la ciudadanía. Pero esperar racionalidad y respeto a las leyes por parte de quienes las han violado, y no manifiestan ningún cambio de actitud, resultaría ingenuo.

Veremos cómo tensa esta decisión judicial el pacto de Pedro Sánchez con ERC. El Presidente investido no puede olvidar que la ley es garantía de libertad para todos, también para los condenados por la comisión de un delito. Y fuera de esto sólo queda la arbitrariedad.