Iglesia en España: ni privilegios ni falta de colaboración

La Conferencia Episcopal ha sellado esta semana con el Gobierno un acuerdo, de contenido, en principio menor, pero importante en su simbolismo. Se trata del pago de dos impuestos municipales de los que los Acuerdos con la Santa Sede excluían a la Iglesia católica, como forma de facilitar que lleve a cabo una labor que se entiende beneficiosa para el conjunto de la sociedad.

El nuncio, Bernardito Auza, consideró que la renuncia a esta exoneración es buena para la Iglesia porque la equipara completamente a otras entidades sin ánimo de lucro y evita cualquier sombra de sospecha de privilegio fiscal. Similares palabras utilizó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subrayando el clima de diálogo y entendimiento que ha presidido todo el proceso de negociaciones.

El mismo que ha podido verse esta semana en el encuentro de la cúpula de la Conferencia Episcopal, con el cardenal Omella al frente, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que lleva a cabo una investigación sobre abusos sexuales cometidos en instituciones eclesiales. El episcopado ha entregado un amplio informe, poniendo a disposición del Defensor toda la información recopilada por las oficinas diocesanas sobre casos que se remontan hasta 1945.

Desmintiendo todas las críticas sobre una supuesta falta de cooperación, los obispos han reiterado su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario, mientras sigue adelante la investigación encargada a un despacho de abogados con todas las garantías de rigor e independencia. Estos son hechos, no opiniones demasiado a menudo gratuitas, que poco o nada tienen que ver con la realidad.