El conflicto generado por la liberalización del sector de trabajadores portuarios, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, se acrecienta a medida que pasan las horas. Tal como ha señalado el Ministro de Fomento, Íñigo de La Serna en los micrófonos de Herrera en COPE, el gobierno no criminaliza los derechos de los estibadores portuarios sino que pretende protegerlos. Pero el cumplimiento de lo que ha dictado la Justicia europea es inaplazable. Si no fuera así, entre otros efectos, España tendría que pagar multas de hasta ciento treinta y cuatro mil euros diarios. La amenaza permanente de un sindicato gremial de paralizar la actividad portuaria, de la que depende el tráfico de mercancías que afectan de forma directa al consumo de los españoles, supondría un daño considerable a la economía empresarial y familiar española. Una cosa es defender los derechos de los trabajadores y otra muy distinta utilizar una posición monopolística que ha llevado a este sector a un sistema de trabajo endogámico que favorece el enchufismo y que no permite la libre contratación, entre otros problemas. Las amenazas de huelga, acompañada de acciones de clara extorsión social, conforman una estrategia que se puede volver contra los trabajadores. Máxime si la mano tendida del gobierno para buscar una solución razonable y conforme al marco europeo no es tenida en cuenta.