Los políticos catalanes que están siendo juzgados por un presunto delito de rebelión han recogido sus cuatro actas de diputados y su acta de senador esta mañana. Cuando mañana queden constituidas las cámaras, los acusados, que están en prisión preventiva, quedarán suspendidos de su cargo porque así lo establece la legislación de enjuiciamiento criminal. A diferencia de lo que sucede en el Parlamento de Cataluña, en este caso no podrán delegar su voto porque así los establece la Constitución y el reglamento de la Cámara. Dicho de otro modo, el recorrido de lo sucedido hoy se acaba mañana. Y tiene como consecuencia que, de hecho, el Congreso quede con 346 diputados.

En campaña electoral Oriol Junqueras defendió que había que votarle para que quedara en libertad. Evidentemente eso no va a suceder. Pero el independentismo siempre sostiene que la política está por encima de la ley, razonamiento que socava los fundamentos de cualquier democracia. Como nuestro sistema legal es, afortunadamente, muy garantista con los derechos fundamentales, los acusados han podido recoger sus actas. Ahora hay que realizar una intensa labor de explicación y de comunicación en Cataluña y fuera de España para aclarar precisamente esta cuestión. No se niega ningún derecho a estos diputados suspendidos y acusados, como están proclamando los altavoces secesionistas en todo el mundo. Y en este campo la diplomacia española, la sociedad civil y el mundo académico ha hecho muy poco. No basta con cumplir estrictamente la ley, hay que hacer mucha pedagogía en favor de un Estado de Derecho exquisito que está siendo difamado dentro y fuera de nuestras fronteras.