El Gobierno ha registrado en el Parlamento una proposición urgente de ley para permitir que el CGPJ pueda nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, algo que ahora mismo no puede hacer debido a las restricciones impuestas por el propio Ejecutivo de Sánchez. De esta manera espera conseguir una composición del Constitucional más favorable a sus intereses, tras haber sufrido varios varapalos de Alto Tribunal.

El Gobierno toma así una decisión unilateral que no solo hace más difícil el acuerdo con la oposición para renovar las instituciones, como le ha advertido Feijóo, sino que ignora a su socio, Unidas Podemos, que se desmarca de la decisión por no haber sido consultado. El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años sin renovarse y no parece que al Gobierno le haya preocupado excesivamente. De hecho, no ha dado pasos en favor del acuerdo y está claro que no va a darlos. Si la proposición registrada hoy prospera, la mayoría gubernamental podría irrumpir en el Tribunal Constitucional con la ayuda de sus socios parlamentarios.

Cada legislatura se discute sobre el Poder Judicial sin que se aborde de manera efectiva. La división de poderes, su equilibrio mediante controles y contrapesos y la independencia del poder judicial son cuestiones que no deberían jamás convertirse en moneda de cambio. La salud del poder judicial es clave para la seguridad del entramado institucional democrático y para la garantía de los deberes y derechos ciudadanos.