Pocas imágenes describen mejor la actual legislatura que la vista hoy en el Congreso de los Diputados, con la vicepresidenta del Gobierno buscando casi a la desesperada una confrontación con la oposición. Ni PP ni Ciudadanos le han dado ese gusto, y se han abstenido en la votación del decreto que prevé la exhumación de los restos de Francisco Franco. Resulta una paradoja que el texto sea tramitado por la vía de urgencia, cuando resulta evidente que lo que busca el Partido Socialista es exprimir este asunto hasta la saciedad. Y a ser posible, con el máximo ruido y polémica. Así es como entiende este gobierno la memoria histórica.

Si se tratara de atender a las legítimas demandas de los represaliados por la dictadura y de los caídos del bando republicano durante la guerra civil, hay otras líneas abiertas mucho más eficaces, como la apertura de fosas comunes ya localizadas y la búsqueda de las personas aún desaparecidas. Medidas como esas se llevan aplicando desde hace mucho tiempo en España, y sirven para apuntalar ese gran proyecto de reconciliación nacional que fue la transición. Lo que está haciendo ahora el gobierno es, sin embargo, justo lo contrario: remover por todos los medios a su alcance viejos demonios familiares con la esperanza de obtener réditos de la polarización social. Se trata de un juego irresponsable, en el que la mejor respuesta es no entrar siquiera a participar.