Las protestas de las asociaciones agrarias europeas llevan días ocupando carreteras y calles desde Bulgaria hasta España. Se estima que las manifestaciones alcanzan a 25 de los 27 países de la UE y que representan a 10 millones de agricultores y a sus familias. La repercusión de esta movilización es evidente. Y de esto da cuenta la propia Comisión Europea que ya ha anunciado un plan para reducir las trabas administrativas que afectan al sector.

Hace cuatro años, los agricultores y ciudadanos de la Francia rural ya denunciaron públicamente el abandono, la fractura sociodemográfica y el empobrecimiento de las familias dedicadas al sector primario de la economía. Sus reivindicaciones son viejas y van más allá de unos legítimos intereses particulares. El mundo rural europeo correo el riesgo de convertirse en un páramo. De ser así, la despoblación y el abandono del campo provocará pobreza demográfica y cultural, escasez alimentaria y desertización, lo que aumentará el riesgo de incendios y reducirá la riqueza hídrica.

Las instituciones europeas ignoran, o eso parece, que los agricultores conocen mucho mejor que los técnicos que habitan los ministerios y direcciones generales cuál es el mejor modo de mantener en equilibrio el cuidado del medio ambiente y la explotación del campo. Los criterios medioambientales no son un dogma de fe y, en todo caso, no pueden imponerse a los criterios de justicia. Los agricultores deben poder vivir dignamente de su trabajo, la tierra debe ser debidamente cuidada y explotada, y el mundo rural europeo debe poder gozar de servicios públicos dignos.