El informe sobre los libros de texto en Cataluña que hemos conocido en las últimas horas reafirma las peores sospechas, basadas en numerosos testimonios e informaciones. El informe consta de 245 páginas y 11 anexos, y es el primero realizado por la Administración central tras años de reiteradas denuncias por parte de particulares y asociaciones educativas sobre la falta de imparcialidad de los materiales y el adoctrinamiento que se lleva a cabo en muchas escuelas catalanas. En respuesta a esas inquietudes el Ministerio de Educación ordenó el año pasado a la Alta Inspección Educativa que pusiera manos a la obra. El resultado es un informe demoledor que recoge cómo en Cataluña existen manuales escolares que contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las leyes orgánicas educativas, y que utilizan todos los elementos del discurso soberanista para retorcer la historia con intención adoctrinadora. El estudio llega a proponer la retirada del mercado de alguno de los manuales educativos.

Es incomprensible que tanto el ministro Méndez de Vigo, primero, como la Ministra Celáa, después, lo hayan ignorado por completo. No se puede aceptar que con el aval del poder político se utilice de esta forma la educación para dibujar la relación de Cataluña con el resto de España en términos de opresión, autoritarismo o dictadura. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que más allá de ofrecer explicaciones parlamentarias debe demostrar que el bien común está por encima de tácticas y de los pactos con sus socios secesionistas que le sostienen en el poder.