La inclusión de etarras condenados en las listas electorales de EH Bildu ha vuelto a poner en el centro de la atención pública la historia de la lucha que la democracia española mantuvo con los terroristas y su entorno, un proceso que marcó nuestra historia reciente y que no deberíamos olvidar. El Centro de Estudios, Formación y Análisis del CEU acaba de hacer público un informe sobre “El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica”, coordinado por María San Gil. Una de las conclusiones principales es que ETA y su entorno social han provocado la merma de un 9% de población vasca entre 1977 y 2022, un total de 180.000 españoles nativos. Este éxodo convirtió al País Vasco en la región más envejecida de España y ha producido un deteriorio significativo tanto en la ecomomía como en el tejido industrial, entre otras razones por la fuga de talento. En 1975, el País Vasco aportaba al PIB de España el 7, 8%; en la actualidad apenas llega al 5,9%.

El Informe expresa también su decepción con el Gobierno Vasco por no haber sabido articular una política de atención a las necesidades de las víctimas del terrorismo y de las personas exiliadas, creando las condicones adecuadas para su retorno. La ausencia de voluntad de facilitar el retorno de quienes tuvieron que salir bajo el terror provoca una merma del pluralismo político y social, y ha dificultado el desarrollo de alternativas no nacionalistas que puedan competir en igualdad de condiciones. Los efectos del terrorismo de ETA y del nacionalismo excluyente en el País Vasco merecen una reflexión por parte de la sociedad española.