Pedro Sánchez ha anunciado la revalorización del 0,9% que ya estaba prevista para las pensiones. En una comparecencia, tras la primera reunión de su Ejecutivo, ha dejado, sin embargo, en el aire la prevista subida de sueldo a los funcionarios y no ha querido ofrecer tampoco una fecha ni una cantidad en relación con el incremento del salario mínimo interprofesional, una de las banderas de las que han colgado la estrategia propagandística diseñada al alimón con Podemos.

Tratando de esquivar o pasar rápidamente por los asuntos más espinosos, Sánchez ha reconocido que la aprobación de los Presupuestos del Estado es una tarea urgente y que el Gobierno va a tratar de renegociar el déficit con Bruselas. El objetivo oficial para este año, que es del 0,5%, es prácticamente una utopía. Con la desviación presupuestaria descontrolada, no parece lo más sensato insistir en tener una ruta más flexible que le permita al Gobierno tener mayor margen de maniobra y disparar el gasto.

Por otra parte, Sánchez ha querido mostrarse conciliador, y ha apostado por llegar a acuerdos con el Partido Popular para renovar las instituciones. Desgraciadamente, la distancia habitual entre lo que Sánchez dice y lo que hace, no invita al optimismo. No tenemos más que fijarnos en cómo ha abordado un asunto tan delicado como el de la Fiscalía General del Estado que, para mayor sonrojo, no ha dudado en calificar como un nombramiento impecable.