El empeño de la vicepresidenta Yolanda Díaz de llevar adelante la derogación de la reforma laboral se está convirtiendo en una irresponsable disputa dentro del Gobierno, que tiene efectos negativos para la recuperación del empleo, en un momento de incertidumbre ante la recuperación. La ministra de Trabajo, líder de Unidas Podemos, aseguró en la clausura del Congreso Federal de Comisiones Obreras que se va a derogar la reforma de Rajoy pese a quien pese. Se trata de una actitud maximalista, cargada de prejuicios ideológicos, que no augura nada bueno.

La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha recordado que los fondos de recuperación de la Unión Europea están supeditados a la aprobación de una reforma laboral que flexibilice el mercado, no que lo endurezca. La regulación del mercado laboral no debería ser una cuestión con la que Podemos juegue para obtener ventaja electoral. Se trata de una cuestión clave para la recuperación y para el futuro de nuestro país. Tanto el Banco de España como las empresas familiares reunidas en su reciente Congreso han reconocido la eficacia de la reforma del año 2012, especialmente por aspectos como la primacía del convenio de las empresas sobre el sectorial, lo que permite que se ajusten las plantillas al momento productivo. Pedro Sánchez es preso de sus contradicciones, pero debe aclarar la postura de su gobierno más allá de equilibrios y juegos de espejo. Para eso, entre otras cosas, ostenta la presidencia.