Con el nombramiento del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y de la exdirectora general del ministerio de la Presidencia, Laura Díez, para ocupar dos vocalías en el Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno ha dado un paso decisivo en el intento de controlar al Poder Judicial, empezando por su Consejo General, que de momento no ha podido remover a su gusto, hasta el Tribunal Constitucional. Su objetivo es garantizar la permanencia de las leyes recurridas o por recurrir, más allá incluso de una derrota electoral.

Para realizar estos nombramientos, Sánchez se atiene formalmente a la ley, pero olvida que la democracia no se basa sólo en las mayorías parlamentarias sino en un complejo entramado de instituciones y valores que deben ser respetados para que no se degrade.

Se da, además, la paradoja de que las leyes promovidas por el Gobierno son apoyadas por fuerzas políticas que se declaran contrarias a la Constitución, así que, para asegurarse el respaldo constitucional a leyes tan polémicas y rupturistas como las de Educación, aborto, eutanasia, libertad sexual y, sobre todo, la abolición del delito de sedición, necesita controlar al órgano que podría invalidarlas, esto es, al Tribunal Constitucional. La Unión Europea ya ha advertido repetidamente sobre la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial como un pilar básico del sistema democrático. Algo tendrá que decir sobre este asalto descarado a nuestro órgano de garantías constitucionales.