“No deben permitir que quien quiera vivir se sienta obligado a morir”. La contundencia de estas palabras resonó ayer en el Congreso durante la celebración de la Jornada sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica y las necesidades de las personas que la padecen. No es alarmismo. Algunos de estos enfermos son invitados a someterse a la eutanasia en lugar de proporcionarles los cuidados que su dignidad exige. Por eso, los enfermos y sus familias solicitan la aprobación urgente de una Ley específica que, pese a las promesas, y a que su trámite fue aprobado en marzo de 2022, no acaba de llegar.

Las necesidades derivadas de la enfermedad son muchas y su coste es elevado. Se necesitan respiradores, fisioterapia, logopedia y apoyo psicológico, además de otras ayudas que reviertan en las familias que cuidan y sostienen. Se argumenta que en los Presupuestos Generales del Estado no hay dotación suficiente para proveer a los enfermos de los recursos suficientes, pero está claro que eso puede cambiar.

Solo se necesita determinación y voluntad de proteger el cuidado de la vida de quienes padecen la enfermedad. Ayer solo había cinco diputados en la sala en la que se celebró la Jornada. El resto, como ironizó el exfutbolista Juan Carlos Unzué, tenían cosas más importantes que hacer. Desde marzo de 2022 hasta ayer han fallecido 2.200 españoles como consecuencia de esta enfermedad. Y lo peor es que lo han hecho privados de la asistencia que les es debida porque decisiones estrictamente ideológicas y de cálculo electoral se han impuesto a las necesidades reales de 4.000 españoles enfermos de ELA. Responder a esta urgencia significa promover la cultura de la vida, una responsabilidad que también corresponde a los poderes del Estado.