La Real Academia de la Lengua ha publicado un “Nota sobre las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración Parlamentaria”. El texto surge a raíz de unas recomendaciones acordadas en la Mesa de las Cortes Generales, que se suma a otros similares, elaborados en los últimos años, por diversas instituciones.

La Nota de la RAE no puede ser más demoledora ni estar mejor argumentada. En resumen, muestra la convicción de que hacia la igualdad entre hombres y mujeres no se va a avanzar mediante la modificación arbitraria de opciones morfológica, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas otras lenguas.

El término “lenguaje no sexista” que la Mesa del Congreso ha adoptado en sus recomendaciones y que varios organismos oficiales también han aplicado, conduce a una peculiar disyuntiva. Cabe pensar, por un lado, que las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista dejan de serlo misteriosamente cuando no aparecen en textos oficiales. La otra opción consiste en suponer que los hispanohablantes están autorizados a expresarse en un lenguaje sexista a menos que representen a la Administración o redacten discursos públicos. Cabría esperar que las administraciones públicas trabajaran para acortar la distancia entre el universo oficial y la vida real.

Pero, cuando se vive en una realidad paralela, se acaba por pintar bancos de morado y considerarlos, sin más, como sitios seguros, o por destrozar la propia lengua, todo en aras de un progresismo y un feminismo que en realidad no son tales. Es lo que sucede cuando se utiliza cualquier cosa, también el lenguaje, como arma de ingeniería social para la batalla ideológica.