Criminales al frente del gobierno de Venezuela

A lo largo de 2018 se registraron en Venezuela más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales. Y la cifra asciende hasta las casi 7.000 si se contabilizan los casos en lo que va de 2019. Es una de las demoledoras conclusiones del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que describe todo tipo de atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, desde detenciones arbitrarias, a torturas y asesinatos de opositores. La atención pública se centra estos días en dos casos que sirven para ponerle rostro a esta barbarie. Uno es el del joven Rufo Chacón, el chico de 16 años, que acaba de perder sus dos ojos por la brutal paliza sufrida a manos de la policía cuando acompañaba a su madre a una protesta por la falta de suministro de gas. El otro nombre es el del joven capitán Rafael Acosta, secuestrado y asesinado por el régimen chavista, en un escándalo que, a medida en que se ha ido filtrando a la opinión pública, ha hecho aumentar la indignación general en el país. Los obispos venezolanos, en un duro comunicado, han condenado estas actuaciones gubernamentales, que presentan como ejemplo de «prácticas instaladas en los órganos militares y policiales» que «están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia». No se trata de un posicionamiento partidista por parte de la Iglesia, sino de la obligada denuncia contra un gobierno criminal que atropella los derechos fundamentales de los venezolanos y que hace tiempo perdió todo viso de legitimidad democrática.