Como parte de la presentación triunfalista de los que Pedro Sánchez ha llamado "los presupuestos más sociales de la historia de España”, el presidente ha anunciado una partida de cien millones de euros en cuatro años, destinada a atender cuestiones relacionadas con la salud mental. El Ejecutivo es consciente de la inquietud que este tema ha despertado durante los momentos más duros de la pandemia, que en realidad no era sino la punta de un problema que lleva larvándose desde hace tiempo en nuestra sociedad.

Más allá de medidas necesarias destinadas a la prevención del suicidio, pero que entran en flagrante contradicción con la sacralización del principio de autonomía del que el Gobierno ha hecho bandera en recientes legislaciones, el delicado asunto de la salud mental que se nos ha presentado esconde letra política pequeña. En concreto, esconde una ley sobre el tema, ya lanzada por Podemos y admitida a trámite en el Congreso. Como botón de muestra valga la opinión de la Sociedad Española de Psiquiatría que considera el texto un auténtico despropósito, alejado totalmente de la realidad que viven las personas enfermas y sus familias. La futura Ley de Salud Mental parte de supuestos falsos, centrados en la pobreza y la opresión social como origen de las enfermedades mentales.

O en el trámite parlamentario cambia mucho la cosa, o estamos abocados a una nueva ley trufada de sectarismo y alejada de cualquier evidencia científica. Éste es un asunto demasiado serio como para que gire en torno a intereses electorales y obsesiones ideológicas.