El Gobierno, rápidamente, ha querido ver en el informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la futura ley de amnistía una confirmación de sus posiciones. En realidad, no es así. El informe no descarta a priori la posibilidad de conceder una amnistía, si esta fuese realmente un instrumento para reconciliación. Las medidas de gracia caben dentro de un Estado de Derecho, siempre que cumplan determinadas condiciones y sean respetuosas con la separación de poderes.

Es importante subrayar que la Comisión de Venecia plantea serias objeciones al método que se ha utilizado para la tramitación de la ley de amnistía y denuncia la falta de consenso con que se lleva a cabo. Señala que se ha promovido a cambio de una investidura, provocando una profunda división en la clase política, las instituciones y toda la sociedad española. Y esto es, evidentemente, contrario al propósito de la reconciliación.

El informe de la Comisión de Venecia es una ocasión para reflexionar sobre el modo en el que concebimos la democracia y la vida en común. Defender una ley de amnistía que saldrá adelante con la mitad del Congreso en contra significa entender la vida social de un modo necesariamente conflictivo. Es concebir la sociedad como una agregación de individuos o de grupos en la que cada uno trata de imponerse a los demás solo por el juego de las mayorías, en algunos casos muy escasas. De esta forma, cada nuevo Gobierno supone de algún modo un “cambio de régimen”. Por el contrario, el espíritu de nuestra Constitución está basado en el reconocimiento de una identidad compartida basada en bienes comunes.