El pacto con Bildu para que apoye los Presupuestos ha levantado una polvareda política y emocional, especialmente entre las víctimas del terrorismo. La raíz está en que la supervivencia del Gobierno depende de sus acuerdos con los enemigos declarados del Estado de Derecho. Los presupuestos son la piedra angular sobre la que reposa toda la política de un gobierno y los cinco votos de Bildu son necesarios para su aprobación. Pero no es sólo eso.

La sospecha que suscita el pacto con los herederos de ETA, al igual que las continuas cesiones a las demandas de los separatistas catalanes, es de una índole mucho más inquietante: el propósito de encaminar el país hacia un cambio de sistema político que abandone definitivamente el marco de la Constitución.

Desde hace tiempo Pablo Iglesias viene insistiendo, sin que nadie le desmienta con contundencia desde el Ejecutivo, en la voluntad de encaminar a España hacia una república confederal. La llamada “mayoría Frankenstein”, que permitió la investidura del Gobierno, expresa perfectamente ese designio. Blanquear a Bildu no es tanto una necesidad del trámite presupuestario como un gesto que impugna la democracia del 78, y por eso merece una sólida respuesta política y social.