La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aderezado hoy la política española con unas declaraciones que, por un lado, resultan escandalosas, pero por otras iluminan las trampas que maneja el gobierno para justificar sus operaciones en Cataluña.

Los indultos que Sánchez piensa otorgar a los condenados por sedición no van a poder borrar que hubo una sentencia judicial firme y que quienes están en la cárcel cometieron graves delitos. Sin embargo, la ministra Belarra se atreve a sacar las últimas consecuencias de la operación, que Sánchez trata de ocultar. "No es normal que no estén en nuestro país", ha dicho la ministra sobre el expresidente Puigdemont y el resto de prófugos, abogando por que puedan regresar sin ser sometidos a juicio.

En realidad, lo que no es normal es que quien ostenta el poder político en una Estado de Derecho desobedezca la ley con alevosía y, encima, no esté dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de sus actos. El Gobierno pretende reformar el Código Penal a la medida de las exigencias y necesidades del independentismo catalán. Como si el Código Penal pudiera o debiera reformarse para satisfacer las aritméticas parlamentarias.

El actual Gobierno de Cataluña tiene el derecho y el deber de hacer política, pero no hay más escenario que el de las instituciones, ni más regla que el cumplimiento de la ley.