Un año después de las explosiones que destruyeron el puerto y buena parte de Beirut, la capital del Líbano, y causaron más de un centenar de muertos, el Papa Francisco hizo un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para pedir que ayude con hechos concretos al martirizado país. Sus palabras coincidieron con una conferencia patrocinada por Francia y la ONU destinada a desbloquear las numerosas ofertas de ayuda que se prometieron ante la inmensidad de la catástrofe y que todavía no se han hecho efectivas. De momento se ha conseguido poner en marcha un tramo de 370 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Beirut, que aún sigue envuelta en escombros. Pero el gran problema con la que se enfrentan los países donantes y el propio Líbano, sumido en una profunda crisis económica y social, no es sólo la falta de dinero, sino la corrompida clase política, incapaz de formar un nuevo gobierno, mientras la Justicia se ve también impotente para investigar y castigar a los culpables de la catástrofe.

En este sentido, el Observatorio de Derechos Humanos acaba de publicar un detallado informe en el que acusa a las autoridades de negligencia criminal y de impedir las investigaciones policiales y judiciales. Según este documento, los gobernantes eran conscientes del peligro que representaba la existencia de centenares toneladas de nitrato de amonio almacenadas en unas naves casi en ruinas desde hacía siete años, sin la menor vigilancia y sin destino conocido. Pese a esta imagen de desconcierto y caos, Líbano no ha dejado de ser un símbolo de convivencia entre una población multiconfesional, que ayer mostraba su solidaridad con las víctimas en una jornada de protestas ante la inmunidad de una clase política inamovible, poco habituada a rendir cuentas de sus actos. Un año después, todo está por hacer...