La pretensión de Pedro Sánchez de controlar las instituciones del Estado parece tener un primer objetivo definido, la justicia. Necesita no solo manejar la Fiscalía General del Estado sino al Tribunal Constitucional, el órgano que va a decidir gran parte de los conflictos con la agenda separatista.

En la comparecencia posterior al primer Consejo de ministros, Sánchez acusó al Partido Popular de bloquear los cambios en las instituciones, en referencia a la renovación de cuatro miembros del Constitucional, y añadió el falaz argumento del necesario fin del “brazo judicial de la derecha”. También estaba apuntando a la sustitución de vocales en el Consejo General del Poder Judicial y al cambio del Defensor del Pueblo. Lo que no dijo Sánchez es que pretende imponer una mayoría de magistrados al servicio de sus tesis políticas.

Quizá sea el momento de que Pablo Casado vuelva a insistir en la propuesta inicial de un poder judicial independiente, con nombres de juristas de reconocido prestigio y acreditada independencia. Lo curioso es que los socialistas siempre han bloqueado la renovación de las instituciones cuando les interesaba. Aunque no se trata solo del control de la Judicatura. También está detrás el nuevo paradigma del uso alternativo del derecho, la ingeniería jurídica destinada a subordinar la justicia a la política del nuevo socialismo.