El sanchismo ha hecho de la discordia y la confrontación una forma de hacer política. La ley de Memoria Democrática, por ejemplo, intenta establecer como historia oficial un relato interesado al servicio de una determinada ideología. Ahora, el Gobierno ha salido en tromba anunciando que recurrirá al Tribunal Constitucional las leyes de la concordia que han ido surgiendo desde diferentes Comunidades Autónomas.

La desproporción e histeria en las reacciones son indicativas del nerviosismo del Gobierno. Se trata de las leyes propuestas desde los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León. El argumento, que suena casi cómico en boca del Gobierno de Pedro Sánchez, es que estas leyes vienen a romper todos los consensos de la Transición. Para rematar el argumentario, el Ejecutivo repite que el Partido Popular se está viendo fagocitado por la extrema derecha y que, al fin y al cabo, todo responde a una falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de dibujar una España en blanco y negro en la que, en palabras del gobierno, hay españoles que sufren una suerte de yugo por vivir en zonas donde gobiernan PP y Vox, como si esos gobiernos no respondieran a una mayoría social.

Como decía en su día Zapatero, y Sánchez ha elevado a la máxima expresión, hay momentos en los que conviene un poco de tensión en el ya de por sí río revuelto. En esta tesitura provocada es imposible entrar al fondo de la cuestión, ni ir más allá de la hojarasca propagandística. Esta será una de las peores herencias que dejará el sanchismo: la de una España polarizada, donde se reabren heridas y se levantan muros para aislar a una parte de la sociedad.