El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido a las diferentes confesiones religiosas (católica, musulmana, judía y protestante) que se conviertan en elementos activos de comunicación de las normas para proteger la salud pública. En la Comunidad de Madrid existen más de 1500 lugares de culto y es obvio, como ha reconocido el Consejero, que pueden ser muy buenos altavoces a la hora de generar responsabilidad ante la situación causada por la pandemia. No se trata de un brindis al sol, la petición viene precedida de una reunión de la Comunidad con los representantes de las confesiones religiosas para agradecer la colaboración y aunar fuerzas ante nuevos escenarios.

La llamada a la colaboración es completamente normal. Lo llamativo es que haya quienes la critiquen o traten de ridiculizarla. La propia Constitución reconoce que el Estado debe cooperar con las diversas confesiones religiosas, y expresamente con la Iglesia Católica. Durante el tiempo más duro de la pandemia la Iglesia ha estado abierta y en vanguardia, al lado de los que más lo necesitaban, sosteniendo espiritual y económicamente a muchas familias, a través de su ingente labor social.

Que el Estado sea aconfesional no quiere decir que la sociedad lo sea, ni que, desde una sana laicidad, se reconozca, como hace con acierto ahora la Comunidad de Madrid, la gran contribución que el hecho religioso presta al bien común.