Los datos de la pandemia muestran una curva esperanzadora cuando se acerca la fecha clave del 8 de marzo, el día de las manifestaciones feministas que ignoraron los riesgos, ya evidentes, de contagios masivos. La incidencia acumulada ha descendido por debajo de los 250 casos por cien mil habitantes, que son los que marcan el riesgo extremo, al tiempo que baja el número de personas hospitalizadas y de enfermos en las unidades de cuidados intensivos. No son datos para lanzar cohetes, ni mucho menos para volver a celebrar fiestas y manifestaciones con desprecio hacia las víctimas y al trabajo impagable de nuestros sanitarios. Y, sin embargo, vuelve la polémica en torno a esta fecha, olvidando que hace un año se lanzó a la gente a la calle con aquel lema irresponsable de que la violencia de género “mata más que el coronavirus”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende volver a las andadas con la organización de nuevas manifestaciones que todavía deben ser autorizadas por las delegaciones del Gobierno en cada provincia. Mientras, el ministerio de Sanidad, escaldado por la experiencia de más de tres millones de contagios, ha advertido que “no ha lugar” a nuevas manifestaciones, dada la situación de la pandemia. Algunos sitúan el debate en el número de personas que pueden participar en cada una de las manifestaciones, no en el hecho de las propias manifestaciones. Asistimos así a una absurda pugna entre el sentido común y la ideología, convertida en foco de discordias sociales y hasta sanitarias.