Amago de desconexión

La decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña de dar pistoletazo de salida a la vía unilateral de “desconexión” de España, supone un salto cualitativo en la ruptura de la legalidad constitucional y en la deriva secesionista. El proceso que se pretende abrir supone una perversión de los mecanismos democráticos, precisamente porque se trata de un acto de desobediencia manifiesta a lo dictado por el Tribunal Constitucional.La decisión de Juntos por el Sí y la CUP viola tanto la Constitución como el Estatuto de Cataluña y abre una vía de incertidumbre jurídica y social que rompe con los principios más elementales del Estado de Derecho, tal como ha señalado en una declaración institucional el líder del PSOE Pedro Sánchez, tras ofrecer todo su apoyo, en este caso, al Presidente en funciones, Mariano Rajoy. Esta decisión de los partidos promotores del separatismo ha colocado al Parlamento de Cataluña al margen de la ley y le ha introducido en una dinámica perversa que no respeta la obligada representación plural de todos los catalanes. La respuesta del Gobierno no debe ser otra que la aplicación estricta de los mecanismos del Estado de Derecho, como ya ha sido anunciado. Una respuesta que debe ser acompañada de una voluntad de diálogo para buscar el bien de todos los catalanes y españoles, dentro del marco constitucional y de la unidad de España.