Una regularización justa

Hace más de un año, el Pleno del Congreso aprobó con una sólida mayoría una iniciativa popular para regularizar a 400.000 personas que ya trabajan en nuestro país. La propuesta fue bien recibida por amplios sectores de la sociedad y contó con el apoyo de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Para que pudiera tramitarse, se exigieron 600.000 firmas a las que se sumaron cerca de 900 organizaciones sociales. Durante meses, el Gobierno mantuvo en un cajón esta medida, que servirá para brindar protección jurídica a quienes, de facto, ya trabajan y contribuyen al funcionamiento de nuestro país. Ante los vacíos legales que ha generado el nuevo reglamento de extranjería, que arroja a miles de personas en una situación de indefinición jurídica, el Ejecutivo ha decidido reactivar el proyecto legislativo.

La regularización de casi medio millón de personas viene a reconocer legalmente una realidad existente. Y es innegable que el derecho debe ajustarse a las circunstancias reales de nuestra sociedad. De hecho, también los sectores productivos llevan tiempo reclamando la normalización de las condiciones laborales de estos trabajadores. El amplio consenso que ha cosechado la propuesta no debería verse empañado por intereses partidistas. El poder legislativo debe responder a esta solicitud con lealtad, diligencia y responsabilidad institucional, evitando cualquier forma de confrontación o uso partidista de una solicitud que partió, de forma ejemplar, de la sociedad civil.