Medidas cosméticas como cortina de humo

Conocido ya el paquete de propuestas presentado por el presidente Sánchez en el Congreso, no parece que las iniciativas promovidas por el Ejecutivo vayan a suponer un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Una de las medidas estrella, la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, genera no pocas dudas. En primer lugar, la experiencia reciente demuestra que este tipo de órganos suele acabar dependiendo orgánicamente del propio Gobierno, lo que desvirtúa su supuesta neutralidad. Además, es muy probable que sus funciones se solapen con las de instituciones ya existentes. Otra de las propuestas consiste en prohibir la contratación pública a empresas sobre las que pesen sentencias por corrupción. Esta medida plantea una aplicación compleja. Por un lado, porque la responsabilidad penal suele ser individual y no corporativa; y por otro, porque en el caso de grandes empresas con un papel sistémico, su exclusión de la contratación pública podría generar efectos contraproducentes.

De todas formas, los casos de corrupción que rodean al Gobierno no se deben principalmente a fallos normativos o institucionales. Que el PSOE haya tenido dos secretarios de organización presuntamente corruptos, y que otros altos cargos hayan podido colaborar con tramas delictivas, es ante todo un problema de responsabilidad individual. Y por más que se intente disolver el problema en cuestiones estructurales o normativas, la elección de figuras como Ábalos, Cerdán o incluso Salazar, es directamente imputable a Pedro Sánchez.