Una ley que restringe la libertad de información

El Consejo de ministros aprobó el pasado martes la tramitación de una nueva Ley de Secretos Oficiales. Que la norma vigente, aprobada en 1968, necesitaba una actualización es indiscutible. Y que España debe armonizar su legislación con los estándares de la Unión Europea y de la OTAN, también lo es. Sin embargo, lo que en principio parecía un proyecto razonable ha terminado convirtiéndose en una iniciativa que podría poner en peligro la libertad de información consagrada en nuestra Constitución. La nueva norma contempla sanciones de hasta 2,5 millones de euros para quien revele secretos oficiales. Esta condición de “secreto” estará siempre vinculada a la seguridad nacional y su regulación quedará en manos de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Con este proyecto, el Gobierno vuelve a situar a los medios de comunicación en su punto de mira, dotándose de un nuevo instrumento con capacidad coactiva e intimidatoria. Bajo esta nueva norma, el Ejecutivo podrá determinar qué puede y qué no puede publicarse. Es importante recordar que existe información clasificada que puede ser de interés general, y que gran parte de la labor periodística consiste, precisamente, en revelar lo que el poder político preferiría mantener oculto. Por eso resulta especialmente grave que esta ley otorgue al Gobierno nuevos mecanismos para condicionar a uno de los contrapesos esenciales en una democracia: la libertad de información y el ejercicio del periodismo independiente.