Este viernes han comparecido ante la justicia belga Puigdemont y los cuatro ex consejeros de la Generalitat fugados de la justicia. El proceso para que se haga efectiva la euro-orden que pesa sobre ellos puede ser largo, pero sería una excentricidad judicial que al final no se hagan efectivas. El sistema de euro-ordenes se basa en la mutua confianza de los países de la Unión Europea. Su regulación inicial incluye tres supuestos para no atenderlas: que se refieran a menores de edad, que los hechos están juzgados o que se haya producido una amnistía. Bélgica añadió el motivo de vulneración de derechos humanos. Un argumento que, en el caso de Puigdemont, no puede mantenerse en pie. Es evidente que a Puigdemont y a sus ex consejeros no se les reclama por sus ideas, sino por unas conductas que todos los códigos penales europeos consideran graves.

La fiscalía belga ha pedido información sobre las condiciones en las cárceles españolas, lo que puede considerarse impertinente. La respuesta ha sido contundente: cualquier fiscal o juez belga sabe que España cuenta con unas cárceles con iguales o mejores condiciones que las de su país.

Más allá de las posibles excentricidades belgas sería conveniente que las euro-ordenes se aplicaran conforme al objetivo para el que fueran creadas. No sería comprensible que un Estado de la Unión fomentara la impunidad. Puigdemont está amortizado políticamente, es necesario que se depuren también sus responsabilidades judiciales.