Una escuela para todos los catalanes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pedía que la Diada de ayer no fuera “un ejercicio de nostalgia”, sino “un punto de partida para una Cataluña más moderna”. Hasta aquí, resultaba digna de aplauso su pretensión de recuperar la normalidad después de años de secuestro de la fiesta de Cataluña por parte del independentismo, empeñado en convertir la cultura en elemento de confrontación. 

La incoherencia es que, a la vez que decía esto, Illa se ponía al frente de las protestas contra la sentencia del TSJ de Cataluña que anula parte del decreto del uso del catalán en la escuela. El fallo, conocido en la víspera de la Diada, considera que algunos aspectos vulneran derechos fundamentales, al excluir el castellano como lengua vehicular y reservar esa función al catalán y al aranés. El decreto, aprobado por el gobierno de Pere Aragonés, todavía no había entrado en vigor, pero representa una de las puntas de lanza de la ofensiva para rebajar el castellano al estatus de lengua extranjera. 

De hecho, el Tribunal Constitucional debe todavía pronunciarse sobre una ley y un decreto que intentan esquivar la sentencia que obliga a impartir, al menos, un 25% de las clases en castellano, una exigencia mínima que, para el independentismo, resulta ya intolerable, sin importarle los derechos de las familias ni el perjuicio académico a una amplia proporción de niñas y niños cuya lengua materna es el castellano.