Dignidad de las instituciones

Gustavo Matos, diputado autonómico del PSOE, ostenta la vicepresidencia segunda del Parlamento canario. Su partido le ha abierto un expediente informativo después de que se haya conocido que la Policía Nacional le vincula a una red de narcotráfico liderada por un empresario libanés, en la cárcel desde hace veinte días. La información recabada por la policía indica que este político canario se ofrecía para mediar ante algunos ministros del Gobierno de España, incluido el ministro Marlaska, y algunos altos cargos del Gobierno canario, para aflojar la presión sobre los negocios ilegales del libanés, viejo conocido de la policía y de los juzgados. No es un secreto que los narcotraficantes, para operar con tranquilidad, intentan contar con el amparo de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, además de con políticos que faciliten sus fechorías.

La Policía está investigando esta trama y todas sus derivadas gracias a la información recogida a partir de unas conversaciones grabadas entre el empresario libanés detenido y Gustavo Matos. No parece que la policía se haya inventado nada ni que se trate de una novela. La corrupción existe, y el PSOE y sus altos cargos no son inmunes. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y los medios de comunicación a realizar sus propias investigaciones e informar.

Mientras tanto, las conversaciones ya conocidas son materia suficiente para que Matos presente la renuncia a su escaño o, en su defecto, para que el PSOE se la exija. La dignidad del Parlamento canario y el respeto a la ciudadanía de esa comunidad autónoma así lo requieren con urgencia.