El delito del fiscal general del Estado

Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez contra los jueces del Supremo no hacen presagiar nada bueno, menos aun cuando el presidente del Gobierno se ha permitido decir que está seguro de que otro tribunal les enmendará la plana, el texto de la sentencia sobre el caso del fiscal general del Estado es un varapalo importante para un Ejecutivo que sale a escándalo diario.  

El Supremo es rotundo al señalar que Álvaro García Ortiz delinquió: se le condena por revelar secretos de un particular en la nota de prensa de la Fiscalía y que, en ningún caso, se puede responder a una noticia falsa con un delito. Para el Tribunal Supremo queda probado que el fiscal general del Estado quebrantó sin justificación el reforzado deber de reserva sobre los datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La obligación de custodiar datos reservados de un particular no desaparece por el hecho de que la información que el Fiscal conoce en virtud de su cargo haya sido publicada con anterioridad. Si otros medios de comunicación ya disponían del correo electrónico que fue objeto de la polémica, no elimina de ninguna manera la protección agravada que le correspondía al fiscal general.

La normalidad democrática debería conllevar, tras esta sentencia, que el presidente del Gobierno asumiera su responsabilidad política, y eso implica abandonar definitivamente los ataques a un Poder Judicial que ha demostrado sobradamente, a lo largo de los años y con todo tipo de gobiernos, su independencia y altura de miras.