En defensa de la democracia y el estado de derecho

El servicio secreto alemán ha concluido, tras el estudio de un exhaustivo Informe sobre Alternativa para Alemania, que este partido sostiene una concepción étnica y basada en la ascendencia que no es compatible con el orden democrático básico. Su posible ilegalización ya se discutió en sede parlamentaria a finales del pasado mes de enero. El consenso político era y es amplio, pero la decisión última no es, en ningún caso, una decisión política.

La ley reguladora de este órgano establece que los partidos políticos, cuyos fines o conducta de sus partidarios, intenten socavar el orden constitucional y poner en peligro la República, deben ser declarados inconstitucionales. De hecho, en Alemania, ya hay varios partidos políticos prohibidos: el Partido Comunista, el Partido Socialista del Reich y la Patria. Si Alternativa para Alemania fuera ilegalizado no sería una maniobra institucional para frenar su avance, como alegan algunos de sus más fervientes defensores fuera y dentro de las fronteras de Alemania. 

Tampoco se trata de una estratagema para neutralizar el discurso contrario al multiculturalismo, a favor del cierre de fronteras y la regulación restrictiva de la inmigración o la crítica furibunda al papel de Bruselas en las políticas internas de los países miembros de la Unión Europea. La posible ilegalización de Alternativa por Alemania no reside en su propuesta cultural ni, mucho menos, en su ascenso electoral. El nacionalismo etnocéntrico, de raíz eminentemente racista, es incompatible con la democracia. Por eso, y esencialmente por eso, si la ilegalización llegara a materializarse respondería, única y exclusivamente, al deber constitucional de defender la democracia y el estado de derecho.