Complicidad de los socios

Ninguno de los socios del Gobierno parece dispuesto a adoptar medidas drásticas frente a los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a que desde La Moncloa se intenta instalar un discurso de tolerancia cero hacia estas prácticas, lo cierto es que el presidente fue advertido hace meses sobre los riesgos de mantener a Santos Cerdán. A pesar de los avisos, Sánchez lo ratificó como figura clave en el Congreso de Sevilla celebrado a finales del año pasado. De igual modo, tras el cese de José Luis Ábalos, el presidente permitió su incorporación a la lista por Valencia como diputado para las elecciones del 23J, lo que le sigue garantizando su condición de aforado.

En este contexto, las exigencias de cambio radical por parte de los socios del Gobierno no son más que una retórica tan decepcionante como previsible. Los aliados parlamentarios de Sánchez expresan indignación en el plano verbal, pero mantienen su apoyo sin fisuras. Especialmente cuestionable es la actitud de Sumar y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien reclama públicamente decisiones de calado mientras demuestra que su respaldo a Sánchez no se alterará, ocurra lo que ocurra.

Sin presupuestos aprobados, con una legislatura agotada y una acumulación de escándalos que habrían derribado a cualquier gobierno en Europa, resulta evidente que esta coalición se sostiene únicamente por intereses particulares. Esto es tan claro en el caso de Sánchez como en el de sus socios, que tarde o temprano deberán rendir cuentas ante los ciudadanos en las urnas.