Begoña Gómez ante un jurado popular

La decisión del juez Juan Carlos Peinado, ateniéndose a lo que permite la ley, de iniciar el procedimiento para que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación está basada en indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos, según se lee en el auto del magistrado. Esta pieza separada aborda solo una de las cinco imputaciones que pesan sobre la esposa de Pedro Sánchez, que siguen su curso procesal. Acompañarán a Begoña Gómez en este procedimiento, como se desprende del auto, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el hoy delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

No son ya recortes de prensa ni bulos los que fundamentan un procedimiento en el que el juez Peinado ha considerado que, dado que se trata de malversación de dinero público, sean los ciudadanos los que participen en él. El juez instructor, amparándose en lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, apunta que el hecho de que Cristina Álvarez realizara actividades privadas en beneficio de Begoña Gómez podría suponer una desviación ilícita de recursos públicos.

La decisión de que sea un jurado es, además, una forma de desarmar la campaña permanente del Gobierno contra algunos jueces, acusándoles de la utilización política del derecho. Al margen de la evolución del proceso, esta situación inédita en nuestra democracia debiera traer consigo la asunción de responsabilidades por parte del Presidente del Gobierno, que por un sentido de dignidad institucional debería convocar ya elecciones generales.