Bachillerato adoctrinador

La enésima ley de Educación impulsada por el Gobierno socialista entiende que educar es adoctrinar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido plantar batalla en los tribunales, primero en el Supremo y, si hiciera falta, en el Constitucional. Ayuso lo tiene claro y es fiel a su manera de entender la política, que implica no limitarse a la gestión económica que, por supuesto, ha de ser eficaz y ejemplar, y entrar en las cuestiones culturales de fondo.

La izquierda ha entendido por la vía de los hechos que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y aquel debe ser su monopolio. Para ello pone en marcha leyes con profunda carga ideológica, que desde el momento de su aprobación se entienden como leyes de no retorno, identificándolas con el progreso y la democracia. Este es el caso de la nueva ley de educación, ante la que cabría suponer que se admitiera al menos la discrepancia.

Ayuso sostiene, como muchas realidades de la sociedad civil, que los nuevos contenidos del Bachillerato tienen una fuerte carga ideológica con intención de adoctrinar desde el Estado. Y por eso recurre a la vía judicial, lo cual no es antidemocrático, como argumentan algunos de manera patética. Lo verdaderamente antidemocrático es pretender pasar el rodillo de la propia ideología y cancelar cualquier manifestación de discrepancia en el espacio público.