Colombia vive una situación extrema. La reforma tributaria planteada por el presidente Iván Duque ha sido el detonante de una situación complicada que se arrastraba desde el momento de su elección. Con el telón de fondo de los acuerdos de paz y sus vínculos con el uribismo, Duque ha gobernado con una espada de Damocles encima. El domingo retiró su propuesta de reforma tributaria, pero de nada ha servido. En Colombia, como el Chile, la calle se ha llenado de manifestantes que han hecho del paro nacional y los disturbios la estrategia de oposición al Gobierno.

Duque ha retirado la propuesta de reforma y desde algunos partidos de oposición se reconoce que es necesario aumentar las bases tributarias para hacer frente a las prestaciones sociales y políticas públicas en un país en el que la pobreza y la desigualdad han crecido de manera desorbitada desde el inicio de la pandemia. Se discute la oportunidad y el hecho de que reformas de este tipo no pueden implantarse sin negociaciones previas. Duque no negoció y, además, ha consentido que la policía haya recurrido a técnicas de represión que son impropias de una democracia. La cifra de muertos, en su mayoría jóvenes, supera la veintena. Algunas congregaciones religiosas se han sumado públicamente a la denuncia, y algunos colegios han sido violentados por la policía en un país que todavía no ha conseguido cerrar decenios de represión, muertes y venganzas.

En manos de Duque y su Gobierno está detener la represión y permitir que se juzgue a los culpables. Solo después tendría sentido convocar a un diálogo nacional.