“Definitivamente la represión ha ido a más en Rusia” desde el comienzo de la invasión de Ucrania, ha asegurado a COPE Damelya Aitkhozhina, investigadora para Rusia de la ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Explica que “las autoridades rusas han utilizado el conflicto en Ucrania como pretexto para limitar aún más el altamente restringido espacio de la sociedad civil y los derechos fundamentales en Rusia, en especial la libertad de expresión y las libertades de reunión y de asociación”. “La Duma -el Parlamento ruso- aprobaron a la velocidad del rayo un nuevo paquete de leyes que criminalizan cualquier debate público y cualquier crítica a las autoridades rusas y la conducta de las fuerzas armadas en el contexto de este conflicto armado, y ya se han emitido sentencias muy duras”, señala. Sentencias que en algunos casos superan los ocho años de cárcel “por discursos totalmente pacíficos criticando la conducta de las fuerzas armadas rusas”. Por ejemplo, un concejal de Moscú fue condenado a siete años de prisión por hablar de las víctimas civiles y de la muerte de niños como resultado de la agresión rusa. Otros se enfrentan hasta a 20 años de cárcel acusados de traición por sus críticas en público dirigidas al Kremlin. La investigadora de HRW señala que “son leyes draconianas que las autoridades están utilizando para inspirar miedo y suprimir cualquier crítica en público de su conducta en Ucrania”.

Damelya Aitkhozhina dice que “estamos viendo una continuidad de lo que ya ocurría en el pasado, pero con esteroides”. Actúan de manera diferente dependiendo del perfil de cada persona. Afirma que “con los personajes de alta visibilidad, como los opositores políticos, lo que parece es que las autoridades están intentando quitarles de en medio. Están enviando mensaje muy claros. Inicialmente detienen a una persona por cargos administrativos y le envían la señal de que si no se va del país, irá a la cárcel. En estos casos las autoridades están más preocupadas en que estas personas desaparezcan y luego decir que son unos cobardes, traidores, y que trabajan en contra de la patria”. En cambio con los ciudadanos rusos de a pie “que no son muy conocidos, con los activistas locales, parece que las fuerzas de seguridad locales están más interesadas en ir a por ellos para cumplir las estadísticas o para intimidar a otros y que eviten implicarse en esas actividades”. Casi 20.000 rusos han sido detenidos en las protestas contra la invasión de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, la mayoría de ellos -unos 15.000- en el primer mes. Según Aitkhozhina, la protesta era muy activa al principio, pero “desde la adopción de estas leyes y de la presentación de cargos -incluidos cargos criminales- las tácticas de intimidación parecen estar funcionando, porque mucha gente que estaba en contra de la guerra probablemente ha abandonado el país”.

Tambiénhan tenido que salir de Rusia periodistas y medios independientes e internacionales. “Comprendieron el peligro de estas nuevas leyes, salieron del país o se reubicaron en algún otro sitio. Muchos se fueron antes de que entraran en vigor las leyes. Esencialmente estas leyes prohiben referirse a la 'operación militar especial´ y llamarla guerra o invasión, o usar palabras como agresión o criticar la conducta de las fuerzas armadas rusas; está contemplado como un crimen. Muchos medios independientes continúan haciendo su trabajo desde fuera del país”, indica la investigadora. Añade que -además- “las autoridades rusas han invertido abundantemente en asegurarse de que la oposición política rusa es desmantelada y está decapitada. Se están asegurando de que no hay capacidad de movilizar y organizar”.