Hace unos días, el pasado 17 de marzo la Corte Penal Internacional emitía una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra. Concretamente, se le acusa de haber deportado y trasladado ilegalmente a niños desde Ucrania hasta Rusia, un delito por el que también recae la orden de arresto internacional sobre la comisionada para los Derechos del Niño del Gobierno ruso, Maria Lvova-Belova.

Hasta el momento dicha orden ha quedado solo sobre el papel, puesto que el proceso para llevar delante de un tribunal a un jefe de Estado no es precisamente fácil, ni tampoco bastante frecuente, como indica Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. “En el plano jurídico, puede quedar muy bien sobre el papel que se tiene que impulsar un juicio contra Putin por esos crímenes, pero eso de momento es ciencia-ficción. Porque en el plano político a muy pocos jefes de Estado se les ha llevado a juicio ante ese tribunal internacional”.

El profesor recuerda que, al igual que Estados Unidos o China, Rusia no está adherida al Estatuto de Roma, el tratado que los países voluntariamente deben firmar para poder ser miembros de la Corte Penal Internacional. Por tanto, para empezar, Moscú ni siquiera reconoce la orden y la Corte no tiene jurisdicción dentro de sus fronteras.

“Es muy difícil que un país entregue a un antiguo jefe de Estado suyo, salvo que haya habido una rebelión, o un cambio total de gobierno”, explica Alonso. “A Putin solo se le podría echar mano si pusiera un pie en otro país que sí que estuviera de acuerdo con esta orden o que hubiera firmado el Estatuto de Roma”, algo poco probable. No obstante, hay que tener en cuenta que un jefe de Estado cuando va en misión diplomática, “aunque el país que visite sea signatario del Estatuto de Roma y, por tanto, está obligado a cumplir esa orden de busca y captura, no lo puede hacer porque hay una serie de limitaciones”, por ejemplo, como la inmunidad diplomática, apunta el experto en Relaciones Internacionales.

En definitiva, el alcance de esta orden de arresto es muy limitado y no tendrá mucho mayor recorrido, según indica el profesor.

Un gesto más simbólico que eficaz

A pesar de que probablemente no llegue a nada, Antonio Alonso señala que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional tiene un fuerte valor simbólico y se ha hecho justo ahora “para afianzar la conciencia de que ciertos actos contra el derecho internacional no pueden quedar impunes. Si esta acción de Putin resulta impune, al final se lanza el mensaje de que se puede violar el derecho internacional y no pasa nada”.

En este sentido, el profesor admite que el mundo está virando hacia un nuevo orden internacional, un sistema paralelo a las Naciones Unidas. El papel de esta organización está empezando a quedar un poco en entredicho, según Alonso, porque “no han sido capaces en estos últimos ocho años de resolver el problema de Crimea y del Donbás, y no han sido muy eficaces ni siquiera a la hora de condenar la invasión rusa de Ucrania”. El experto en Relaciones internacionales explica que en el Consejo de Seguridad de la ONU no se ha instado a Rusia a deponer su actitud porque Rusia y China tienen derecho de veto y habría sido imposible esa votación.

“Se está construyendo un nuevo orden internacional en el que China, por supuesto, va a mandar en su parte del mundo tanto como Estados Unidos en la suya, y Rusia es un aliado de China”. La prueba de este cambio en el orden internacional la hemos visto, por ejemplo, en el reciente viaje del presidente chino Xi Jinping a Moscú.

¿Qué pasaría si Putin fuera detenido?

No ha habido apenas casos hasta la fecha de dirigentes en activo que hayan sido juzgados. “Detener a un jefe de Estado sería casi imposible”, comenta Antonio Alonso.

De todas formas, si nos pusiéramos en el caso hipotético de que Vladimir Putin fuera depuesto y entregado a las autoridades, sería juzgado en el tribunal de La Haya. Mientras que durase el proceso judicial, seguramente estaría internado en una prisión de altísima seguridad, comenta el experto en Relaciones Internacionales. Sería un proceso muy largo, que probablemente llevaría años, pero muy similar a cualquier otro procedimiento penal.

Si finalmente el presidente ruso fuera condenado por crímenes de guerra, tendría que asumir “una pena de prisión proporcional al crimen que ha cometido. Hay informaciones que apuntan a más de 16.000 niños secuestrados, por lo que el tiempo en prisión sería bastante prolongado”, reconoce el profesor.